En los últimos años, impulsadas por la constante innovación y los cambios en las conductas de consumo de los clientes, las entidades del segmento de la banca han tenido que adaptar sus productos y servicios al mundo virtual. El Open Banking es un paso más en este camino de la transformación digital.
La banca abierta u Open Banking es un modelo que pone al usuario en el centro y propone la liberación de sus datos financieros y crediticios entre instituciones bancarias. De esta manera, las organizaciones pueden ofrecer productos y servicios personalizados que se adaptan al perfil de cada consumidor.
El Open Banking se encuentra dentro de un esquema mayor llamado Open Economy, el último paso en la evolución de los ecosistemas financieros abiertos. Consiste en tomar datos que, si bien no se relacionan directamente con aspectos financieros de los usuarios, les permiten a las entidades bancarias decidir si es pertinente o no brindarles un servicio o producto financiero.
En la economía abierta, la información puede provenir de diversas fuentes, tales como autoridades fiscales, plataformas de comunicación, organismos públicos e instituciones educativas. Los registros que se evalúan son, por ejemplo, perfiles de redes sociales, histórico de ausencias laborales, desempeño académico, pago de impuestos y servicios, entre otros.
La Open Economy es una “economía real del dato” en la cual los individuos, propietarios legítimos de su información, autorizan que sus datos sean compartidos con terceros provenientes de cualquier actividad económica, académica o social.
El modelo del Open Banking, en cambio, se basa en la posibilidad de que los bancos, con la debida autorización de los usuarios, compartan los datos de sus clientes para elaborar propuestas específicas de productos o servicios.
La banca abierta les permite a las entidades financieras y bancarias acceder a registros diversos tales como cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y herramientas de Know Your Customer (KYC).
El Open Banking hace posible que las entidades bancarias compartan, con la autorización correspondiente, información sobre cuentas bancarias, créditos hipotecarios, tarjetas y cualquier tipo de datos financieros de sus clientes, aún cuando se trate de instituciones diferentes.
Al obtener estos registros, las entidades bancarias no solamente pueden elaborar perfiles específicos de cada usuario para ofrecerle aquellos productos y servicios que más le interesarán, sino también optimizar el desempeño de su mano de obra y mitigar el fraude.
Ahora bien, ¿cómo se logra esta compartición de datos? A través de interfaces de programación de aplicaciones, también conocidas como APIs. Se trata de enlaces de software que utilizan las organizaciones para comunicarse de manera ágil y segura.
Las APIs permiten integrar sistemas y compartir datos entre diferentes plataformas y, de esta manera, establecer alianzas con terceros por medio de las cuales se compartan datos sensibles de los usuarios sin poner en riesgo su confidencialidad.
Si bien algunos estados no cuentan aún con normativas referentes a compartir datos, existen diferentes regiones y países cuya legislación ya contempla el intercambio de datos, favoreciendo al modelo Open Banking.
Los países que componen la Unión Europea están regidos por la Directiva de Servicios de Pago Revisada (PSD2), que exige que todos los bancos y proveedores de servicios de pago les brinden la posibilidad a los proveedores de servicios autorizados acceder a los datos financieros de los clientes, siempre y cuando estos hayan dado su consentimiento previo.
Además de contar con un ente regulador para la banca que abarca todos los estados miembros del Tratado, cada país cuenta con una autoridad nacional competente que supervisa la PSD2 y concede a los proveedores permisos para usar la banca abierta. Por ejemplo, el Banco D’Italia de Italia, l' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de Francia, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) de Alemania y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de España.
Allí, el Open Banking se hace posible gracias a diversas iniciativas. En primer lugar, en 2017 el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) incorporó la normativa PSD2 dentro de la ley británica.
Un año más tarde, la Autoridad de Competencia y de Mercados del Reino Unido (CMA) creó la Entidad para la Implementación de la Banca Abierta (OBIE), como una estrategia para desarrollar legislación de Open Banking sobre el acceso a las cuentas. De hecho, los bancos más grandes de esta región usan esta normativa para cumplir con el reglamento de servicios de pago.
En 2017, el Gobierno australiano puso en funcionamiento el Derecho a los Datos del Consumidor (CDR), que tiene como objetivo brindarles a los consumidores mayor acceso y control sobre sus datos. Si bien fue creado para operar en el sector bancario, el objetivo de las autoridades es que se convierta en un régimen de intercambio de información válido para todo el entorno económico.
Tanto la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) como la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) tienen una visión más innovadora y vanguardista sobre el papel de la tecnología financiera en sus economías, considerando el Open Banking como una excelente forma de ampliar la oferta e incentivar la competencia en el mercado.
En estas jurisdicciones, los bancos no están obligados a ofrecer las API ni tampoco cumplen un rol central en la certificación de los receptores de datos.
En 2015, el Banco Central de Japón modificó su ley bancaria e incorporó un marco para los proveedores de servicios de pago electrónico. Esta normativa exige que los bancos indiquen si van a proporcionar API y que expliquen cómo lo harán.
Este país se rige por un modelo de Open Banking definido por las instituciones financieras. Allí, los integrantes de este segmento del mercado se han organizado para implementar el modelo de banca abierta, siempre en función de la normativa de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
Gracias a la implementación de la Ley Fintech, México se ha colocado a la vanguardia en América Latina con el modelo Open Finance, una fase intermedia entre Open Banking y Open Economy que incluye a las fintech y otras empresas del ramo financiero y económico, trascendiendo la banca abierta.
Esta reglamentación permite que cualquier tipo de consumidor, sea una persona o una empresa, pueda compartir su información financiera para acceder a servicios personalizados, eficientes y rápidos. De esta forma, los usuarios no solamente obtienen mayor inclusión e innovación, sino también control sobre la información que desean o no compartir.
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